PROPONEN UNA NUEVA LEY DE VIVIENDA

El Diputado de la Nación Horacio ALCUAZ acompañado por legisladores de su bloque -Partido GEN- y de los bloques del SI, Socialismo, UCR, Libres del Sur, Proyecto Sur y Coalición Cívica presentó un proyecto titulado “LEY DE GARANTÍA DEL DERECHO CIUDADANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE EN UN HÁBITAT ADECUADO” que constituye una reforma integral al régimen nacional de Vivienda sustituyendo el sistema federal actualmente vigente. El proyecto aborda la problemática de la vivienda desde una perspectiva social, entendiendo que el Estado debe asumir un rol activo en la materialización del derecho. La propuesta del Diputado Alcuaz establece como órgano promotor de la política nacional de vivienda a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Diseña un sistema de articulación e integración de las políticas, programas y acciones entre la Nación y las provincias y sus municipios. También prevé la intervención del sector social y privado en la instrumentación de los programas y acciones de vivienda. La iniciativa promueve la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión del hábitat. Garantiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos mediante la creación de un sistema de información pública y unificada en materia de vivienda. Se destinan recursos para alcanzar las metas señaladas y se prevé una partida presupuestaria que deberá incrementarse progresivamente hasta alcanzar en el año 2016 un monto que no podrá ser inferior al 2% del P.B.I. anual, disponiendo de instrumentos que permitirán acceso al crédito, programas de ahorro previo, subsidios, facilitación del acceso a alquileres, protección de la vivienda única y familiar, políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas. El Gobierno Nacional deberá brindar apoyos e instrumentos dirigidos a ayudar a los gobiernos provinciales y municipales en la generación de una oferta de suelo para el desarrollo de acciones de vivienda, fomentar esquemas y programas que contemplen recursos provenientes de crédito, ahorro y subsidio, para la adquisición de tierras, previendo mecanismos para evitar las prácticas especulativas, aplicar impuestos progresivos a la tierra ociosa, transferir los inmuebles que se declaren innecesarios para la gestión del Estado Nacional destinándolos a vivienda. Es importante señalar que la implementación de esta ley ha de articularse con políticas destinadas a la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables alternativas. Al fundamentar su proyecto expresó Alcuaz “ La Argentina padece una gravísima emergencia en materia de vivienda, en un escenario poblado por campesinos y pequeños productores obligados a migrar a los centros urbanos, comunidades indígenas cercadas por la destrucción de su cultura y el medio ambiente y despojadas de las tierras en que producen, barrios y asentamientos de las periferias de las grandes ciudades en condiciones de precariedad y hacinamiento, sectores medios pauperizados que ven perder su vivienda por remates y desalojos compulsivos”. “Las prácticas especulativas del mercado inmobiliario, además de segregar a los sectores de menores recursos, han imposibilitado el acceso al crédito a la clase media, que también ve disminuida su capacidad para afrontar alquileres cada vez más elevados ante la escasez de oferta”. Y agregó “Las iniciativas públicas tendientes a paliar el déficit habitacional en las últimas décadas fueron en casi todos los casos inadecuadas y desarticuladas, relegando la temática a una sección más dentro de la órbita de obras públicas, con planes de construcción de viviendas e infraestructura de asignación arbitraria y de escasa transparencia, así como de bajo rendimiento cualitativo, cuantitativo y escasa sustentabilidad en relación a los elevadísimos costos de inversión. La mayoría de los programas implementados parecieron responder a la necesidad de satisfacer la oferta de las empresas constructoras vinculadas al sector, más que a paliar la demanda de los sectores populares en situación de déficit”. “Sumas millonarias fueron destinadas a la concreción de proyectos que lejos de resolver la problemática habitacional condenaron a los adjudicatarios a vivir en condiciones de marginalidad similares o peores a las preexistentes. Todo ello denota la ausencia de una política de vivienda integral y planificada”. “Sólo con un Estado presente abocado a revertir el déficit habitacional y garantizar el acceso y goce de un nivel de vida digna a toda persona y su familia, millones de familias argentinas podrán salir de la precariedad y marginalidad a las que parecen haber sido condenadas”.