Con opiniones divididas

Los partidos nuevos no variaron sus quejas ante la reforma política. En cambio, las fuerzas que componen el Acuerdo Cívico lo vieron como un avance. En el PJ disidente lo analizarán esta tarde. La reglamentación de la Ley de Reforma Política tomó por sorpresa a la oposición, que tenía los ojos puestos en lo que sucedía en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se discutían cambios para el Consejo de la Magistratura. Luego de una primera mirada, y tal como se preveía, los partidos pequeños siguen siendo los más críticos con la normativa, a pesar de que se aplicaron algunos de los cambios que ellos promovían. Mario Mazzitelli, secretario de Proyecto Sur, calificó la medida como “un partidicidio”, mientras que voceros del PRO la etiquetaron de “truchada”. En cambio, desde el radicalismo se mostraron conformes y, en diálogo con Página/12, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, consideró que se trata de “una buena noticia” porque “pone reglas de juego claras para todos los que van a participar y termina con las especulaciones”. El peronismo disidente, en tanto, evitó definirse y discutirá el tema en el plenario de segundas líneas convocado para esta tarde. Para Mazzitelli, “hay una estructura proscriptiva en la nueva legislación de partidos, que no se circunscribe a la ley nacional, sino que está entramada con las provincias, y esto no se ha modificado”. Como encargado de seguir este tema en Proyecto Sur, una de las fuerzas más críticas a la reforma política, el histórico dirigente del socialismo auténtico criticó que los cambios “llegan muy tarde” pero reconoció que “está bien la posibilidad de que la desafiliación se haya simplificado”, porque “les da un poquito de aire a los partidos nuevos”. “La única manera de que no se cercenaran las libertades públicas sería respetar los artículos 107 y 108 que fueron votados por el Congreso y fueron los que permitieron que la iniciativa reuniera las mayorías necesarias”, advirtió Mazzitelli. Esos artículos, que daban tiempo hasta después de los próximos comicios para que los partidos se adecuaran a la nueva realidad, fueron vetados por la presidenta Cristina Kirchner. Otro sector del centroizquierda, el Partido Encuentro que encabeza Martín Sabbatella, que suele tener posiciones más cercanas al gobierno nacional, en este tema coincide con la gente de Pino Solanas. “La ley es mala. Lesiona la posibilidad de que emerjan fuerzas políticas nuevas, tiende a cerrar el debate en el viejo bipartidismo. Y el veto la empeoró”, respondieron a este diario desde el equipo de apoderados de ese espacio. Con una salvedad: “Es cierto que si en la reglamentación cambiaron plazos y se facilitan la forma de desafiliación y afiliación, es un atenuante –matizan–. Sin embargo con eso no alcanza”. En la UCR la novedad fue bien recibida. “Es una buena noticia saber que va a haber internas abiertas, obligatorias y simultáneas el 14 de agosto”, celebró su titular, Ernesto Sanz. Para el mendocino, esto “pone reglas de juego claras para todos los que van a participar y termina con las especulaciones”, aunque aclaró que quiere esperar a ver “la letra chica en el Boletín Oficial” antes de sacar conclusiones definitivas. Entre sus socios del Acuerdo Cívico y Social, que ahora parece reflotar a la luz del nuevo sistema de alianzas, siguen la misma línea. El apoderado del Partido Socialista, Carlos Roberto, reconoció una mejoría, aunque destacó que “no se resolvió la cuestión de que cuando uno presenta la ficha de afiliación se usa el padrón de la Justicia, que suele estar atrasado”. Horacio Alcuaz, diputado del GEN, sostuvo que esta reglamentación “es un paso adelante para los partidos nuevos” que “alivia un poco la situación”, pero lo considera “incompleto e insuficiente”. Para el ladero de Margarita Stolbizer, “es injusto obligar a los partidos nuevos a pasar por mecanismos de afiliación que no se les exigen a los partidos viejos, que están llenos de afiliados truchos”. Alcuaz destacó la nueva distribución de fondos para los partidos, porque “reconoce más que antes la legitimidad a través de los votos que obtiene, que es la forma de medir la inserción que tiene en la sociedad”. En la Coalición Cívica, en tanto, prefirieron esperar hasta conocer los detalles antes de hacer pública una postura. Algo similar decidieron en el peronismo disidente. Desde el entorno de los distintos precandidatos que encabezan este espacio respondieron, ante la consulta de este diario, que el tema lo van a tratar hoy por la tarde en el plenario de segundas líneas que estaba previsto para avanzar en la conformación del espacio. En tanto, los voceros del PRO fueron los más críticos ante las novedades. “Es una truchada lo que están haciendo”, definieron, tajantes. El punto más cuestionado fue el que limita los aportes a la campaña. “El Gobierno va a gastar millones de fondos públicos y no les da derecho a los privados que quieran invertir. Lo hacen para no tener competencia y para usar el dinero de todos en beneficio de una candidatura –advirtieron–. Es lo mismo que hicieron Correa y Chávez en estos países que están arruinando en América latina.” “No es una interna” Florencio Randazzo subrayó en la conferencia de prensa los acuerdos y el proceso por el que se llegó a votar la Ley de la Reforma Política en diciembre del año pasado. Luego de recordar que fue producto de una discusión larga entre organizaciones, asociaciones y académicos, volvió a subrayar los aspectos más importantes de la ley: “La primaria no es una elección interna”, dijo. Es una elección abierta, simultánea y obligatoria. “Al tratarse de una elección obligatoria, el control del comicio lo hará la Justicia Electoral Nacional, mientras que el Ministerio del Interior será un mero auxiliar, como lo ha sido en anteriores elecciones generales.” Los aportes de la campaña En la conferencia de prensa que hizo en la Casa de Gobierno, el ministro Randazzo subrayó, en cuanto al financiamiento de las campañas, que “sólo podrán hacer aportes personas físicas y se suspende el aporte de personas de existencia ideal”. El ministro precisó que el tope de la contribución para cada particular será de 90 mil pesos, pero que el Congreso deberá definir el tope del módulo de contribución de los ciudadanos a la campaña de un partido. Randazzo informó que en la distribución de aportes de campaña “el 50 por ciento será para todos los partidos políticos y el otro 50 por ciento se distribuirá de acuerdo con la cantidad de votos en la última elección”. Las claves de la reforma Los puntos esenciales de la reforma política: - Se establecen primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todos los partidos y alianzas electorales para la designación de candidatos, pero sin padrones partidarios. Los ciudadanos en condiciones de votar podrán hacerlo en la interna que elijan. - No podrán ser candidatos los procesados por crímenes de lesa humanidad o por violaciones a los derechos humanos. Tampoco el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ni los jueces, ni los directivos o apoderados de empresas concesionarias de obras y servicios públicos. - La fecha fijada para las primarias conjuntas será el segundo domingo de agosto, en los años de elecciones generales. - Todas las líneas internas de un mismo partido o de las distintas líneas que componen una alianza serán parte de la junta electoral. Está permitido el corte de boleta para los distintos cargos electivos. - Habrá colores distintivos en las boletas partidarias para diferenciar las elecciones primarias y las generales. - Los partidos o alianzas que no superen en la interna el uno y medio por ciento del padrón electoral no podrán participar de la elección general. - Se eliminan las listas colectoras o espejos. - Habrá un solo padrón electoral unificado, sin división por sexo. - Las empresas no estarán habilitadas a realizar aportes para financiar a los partidos políticos. Los aportes deberán ser de personas físicas pero no jurídicas. - La difusión de encuestas sobre intención de voto queda vedada desde los últimos ocho días antes de la elección general. Los partidos que no respeten la norma sufrirán sanciones económicas, mientras que los medios audiovisuales que las divulguen podrían hasta perder la licencia. - Para su reconocimiento electoral, los partidos deberán conseguir la adhesión del 4 por mil de los empadronados de cada distrito donde requiera la personería. Contará además con 150 días después de su reconocimiento para transformar esas adhesiones en afiliaciones partidarias. Los afiliados podrán pedir su baja del padrón partidario en forma telegráfica, a cargo del Ministerio de Interior. La cantidad de afiliados se revisará año a año, y si no conservan el piso mínimo perderán su personería. - Si un partido no se presentara en dos elecciones consecutivas, o sacara menos del dos por ciento del padrón electoral en cada una de ellas, también perderá su personería. - El Estado repartirá los espacios de publicidad audiovisual de todos los partidos y alianzas. El 50 por ciento será repartido por igual y el 50 restante de acuerdo con los porcentajes alcanzados por cada uno de ellos en la última elección general.